Klaus Badelt - Godspeed

lunes, 15 de febrero de 2016

ESTADO ENTREGA TIERRAS A CONCISIONES MINERAS SIN PREVIO CONSULTA A AUTORIDADES LOCALES MENOS A LA POBLACION CIVIL

La minería en Perú, se está haciendo de manera territorialmente caótica. Prácticamente no hay lugar alguno del país que no pueda ser entregado bajo concesión minera. Zonas con suelos de aptitud agrícola o forestal, e incluso zonas urbanas habitadas pueden ser concesionadas al 100% sin que para ello haya que consultar previamente a las autorida­des locales y a los propietarios del suelo superficial. Es más, incluso, en zonas de reserva natural protegida pueden hacerse actividades mineras con tal de que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean aprobados. Durante más de 15 años consecutivos, el Ministerio de Energía y Minas nunca desaprobó un solo estudio y el actual Gobierno ha reducido los plazos de 40 días que las autoridades o grupos de interés locales tenían para presentar sus observaciones (no vinculantes) a los EIA a tan solo 20 días; y además ha quitado a los municipios locales la capacidad administrativa que tenían de inscribir zonas de reserva municipal protegida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (marzo 2007). Si a todo ello se suma que desde el gobierno de Fujimori se considera a la minería como actividad económica de interés nacional, ya puede comprenderse bien la situación de indefensión en que se hallan las comunidades andinas frente al proceso de expansión de las empresas mineras.

Frente a los límites existentes para acceder a la justicia formal, algunas comunidades afectadas por las operaciones mineras presentaron una denuncia en el año 2006, ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en el Foro Mundial del Agua reunido en esa ocasión en México, la misma que fue presentada contra la Empresa Minera Yanacocha, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura de Perú por las afectaciones ambientales y sanitarias ocasionadas a las comunidades de su entorno. Las pruebas presentadas ante este tribunal ético conllevaron a que esa instancia de la sociedad civil resolviera lo siguiente:

1. Declarar que la Empresa Minera Yanacocha SRL es responsable de realizar actividades nocivas para la salud y el ambiente en la región de Cajamarca y que el Estado Peruano ha incumplido sus obligaciones constitucionales y éticas de defender el medio ambiente y la salud de la población.

2. Que la empresa suspenda inmediatamente todas las actividades susceptibles de provocar daños en el ambiente e impactos negativos en la salud de la población.

3. Que el Estado Peruano tome las medidas necesarias para evitar lesiones al ambiente, a la salud pública y las comunidades en la región.

4. Que la Empresa Minera Yanacocha SRL compense a las comunidades e individuos perjudicados por los daños ambientales a la salud.

Por cierto, aunque el Estado y la empresa minera cursaron información oficial a los miembros del Tribunal Latinoamericano del Agua, no acabaron admitiendo la importancia de sus recomendaciones.

Un tema a tener en cuenta es que no se trata de que las grandes empresas estén trabajando en Perú sin observar normas ambientales mínimas que pudieran poner en peligro la seguridad de sus propios trabajadores o la reputación de la empresa, sino que se trata de impactos inevitables que genera la propia naturaleza de la escala de las operaciones, la ubicación (en cabeceras de cuencas), la tecnología empleada (cianuración); los volúmenes de energía consumidos (en explosivos y combustibles) a todo lo cual se suma la debilidad de la institucionalidad ambiental y los altos niveles de corrupción o de cooptación de las instituciones. El agua, la tierra y las personas que habitan en las zonas aledañas a las operaciones terminan siendo las principales víctimas de las explotaciones mineras.



domingo, 14 de febrero de 2016

La Minería en el Perú y la resistencia de los indígenas / campesinos.

En 1992 se dio inicio a un nuevo ciclo de expansión de la explotación de los recursos naturales en el Perú, facilitado por las profundas re­formas neoliberales impulsadas por el Gobierno de Alberto Fujimori. Su programa de ajuste estructural incluyó el reconocimiento masivo de privilegios a las empresas transnacionales (como los contratos de estabilidad jurídica y una serie de beneficios tributarios), que hicie­ron posible en gran medida el llamado «boom minero» de los años noventa. Las reformas flexibilizaron las protec­ciones jurídicas de las que gozaban los territorios (principalmente la propiedad comunal), y los nacientes controles medioambientales y los políticos y sociales que condicionaban la inversión extractiva.

Y las consecuencias son graves:

“van a quedar residuos químicos que poco a poco van a ir afectando en el futuro. Por eso, así paguen las utilidades exigidas, no resarcirán el daño ambiental”

“… aquí hay mucha muerte por cáncer, pero no sale la información, las investigaciones, y tampoco nos la vana a dar”

Es indignante ver como el gobierno vende a nuestro territorio a empresas transnacionales quienes bajo nuestra mirada impotente saquean nuestra riqueza.

“imagínate que te quiten tu territorio así abusivamente, ilegalmente. Es como que si te quitaran alguna parte de tu cuerpo”.

“una de las debilidades de la empresa y del Gobierno fue que nunca dieron la cara. El pueblo se dio cuenta y se opuso colectivamente a los planes de la empresa”


TAMBIÉN PUEDE INTERESAR: 

La contaminación del Pilcomayo paraliza a 13 minas de Potosí

http://www.la-razon.com/sociedad/contaminacion-Pilcomayo-paraliza-minas-Potosi_0_2099790097.html